Sin embargo, la sorpresa llegó con la publicación de dicho texto en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6112. En el punto D del numeral 1 del artículo 1, relacionado con la "lucha contra la corrupción", se señala que el presidente tiene la facultad de "dictar normas que sancionen las acciones que atentan contra la seguridad y defensa de la nación, las instituciones del Estado, los Poderes Públicos y la prestación de los servicios públicos indispensables para el desarrollo y la calidad de vida del pueblo". Se trata de un artículo que no había sido debatido en la Asamblea Nacional antes de su aprobación, según informan varios medios venezolanos, entre ellos Libre Prensa.
Esto le da a Maduro atribuciones para legislar y determinar sanciones, e incluso la cárcel, para hechos como por ejemplo, sabotajes eléctricos. Esto no resultaría tan extraño si es que en los últimos meses Maduro no hubiera acusado directamente a la oposición de ser los responsables de los grandes problemas energéticos en Venezuela. De hecho, fue a raíz de esto que comenzó a referirse a tres opositores como Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado, como la "trilogía del mal".
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