CACOS Y HURTOS A GRANEL ESPANA

Las empresas de distribución pierden alrededor del 1% de su facturación por los hurtos que se cometen en sus establecimientos. Esto supone un pico considerable de más de 1.200 millones de euros en las cuentas de los supermercados, que, unido a la crisis y a la caída del consumo, lleva años suponiendo un quebradero de cabeza a los dueños de las compañías.
El importe medio del hurto es de 63 euros, según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Sin embargo, esta cantidad no supone ni siquiera un delito, así que poco se puede hacer de momento para resarcir el daño hecho a la compañía. El laxo Código Penal en esta materia establece claramente que el que sustrae bienes de otras personas, sin utilizar la fuerza ni la intimidación por un valor inferior a 400 euros, tan sólo comete una falta, por lo que saldrá de comisaría una vez prestada declaración -si le pillan, claro-.
Además de estos 1.200 millones de euros, las compañías gastan con la intención de protegerse de este tipo de problemas (sistemas antihurto, personal de vigilancia, actividades de concienciación para el personal, vitrinas de protección…) un 0,28% de su facturación anual, según Aecoc. La cuantía económica que les supone estas actuaciones a los supermercados y tiendas no queda ahí. Anualmente se registran en los supermercados españoles un total de 130.000 incidentes, de los cuales sólo se denuncian 18.000. Las empresas dedican al año 400.000 horas a gestionar este tipo de incidentes (ya sean denunciados o no). Este número de horas obviamente tiene un coste económico cuantificable.
La consecuencia de esta problemática supone una pérdida de eficiencia, de productividad y competitividad que se materializa en los balances de cada compañía. Un estudio de Civitas Crime sitúa a España en segunda posición detrás de Bélgica en tasa de robos por cada 100.000 habitantes de todo el mundo. Las empresas de distribución consideran que el código penal es demasiado indulgente en su tratamiento de los hurtos en los puntos de venta y, por ello, la reincidencia es uno de los principales problemas del sector.

cortesia libertaddigital,com

MAS MUERTOS VENEZUELA

No era la primera vez que Rosibel Andreína González Gómez, de 18 años, hacía cola en los supermercados para comprar los productos escasos de la cesta básica, que están racionados a dos o cuatro paquetes por persona. Su condición de embarazada de 6 meses le permitía usar la fila preferencial para pagar su compra y así recortar un poco el tiempo de dos horas de espera.
Pero al llegar este último miércoles a su vivienda en el barrio de La Aceitera de San Mateo, a dos horas en coche de Caracas, su medio hermana Ninoska Gómez Valderrama, de 20 años, le reclamó por un paquete de un kilo de harina de maíz PAN, con la que los venezolanos hacen su arepa o tortilla para desayunar. Se pelearon y Ninoska pateó a su hermana en el vientre y mató así al feto. Rosibel fue llevada de urgencia al hospital José María Benítez. El bebé de apenas seis meses nació con problemas y a los pocos minutos murió por el hematoma que le produjo el puntapié de su tía. Ninoska fue detenida por la policía.
Esta es la segunda muerte por la violencia que genera el desabastecimiento crónico de alimentos y productos de primera necesidad que afecta desde hace meses a Venezuela. El primer caso conocido ocurrió el 9 de agosto último cuando José Gregorio Cortez Fuenmayor, de 41 años, murió asifixiado por la avalancha de consumidores que se disputaban una botella de aceite y un pan de margarina en el supermercado estatal Bicentenario de Ciudad Bolívar, al sur del país. Un tercer episodio involucró a la cajera Yolmarys García, brutalmente golpeada por una levantadora de pesas en un super del Estado Falcón cuando se negó a venderle más de cuatro paquetes de harina.
Anoche, en tanto, José Ramírez Gómez, de 19 años, fue apuñalado en el abdomen y pulmón por no permitir que algunos avivados se metieran en la cola que había en las afueras de un supermercado Unicasa, en El Tigre, para la compra de pollos.
En la crisis de desabastecimiento, los venezolanos deben hacer largas colas de dos horas, a razón de dos y tres veces por semana, visitando varios supermercados, para conseguir alimentos básicos como pollo, carne, leche, aceite, harina, papel higiénico y detergentes.

cortesia clarin.com

CONTINUAN LAS PROHIBICIONES ARGENTINA

El gobierno de Cristina Kirchner ha urdido una nueva estrategia para castigar a la prensa disidente. Cuatro de las principales cadenas de supermercados del país admitieron ayer que el ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno, les ha prohibido publicar anuncios en los diarios no alineados con el oficialismo.Durante una reunión con la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), los representantes de las redes Carrefour, Coto, Día y Walmart, revelaron que las presiones del gobierno en ese sentido, comenzaron en febrero del 2013, cuando Moreno les advirtió que cualquier intento por romper el "cepo publicitario", conllevaría grandes multas o sanciones administrativas.Uno de los empresarios que participaron en la reunión, dijo que el decreto en cuestión no había salido en el diario oficial, como dispone la ley. Y que la prohibición tiene un elemento claramente discriminatorio, pues sólo afecta a 'Clarín', 'La Nación' y 'Perfil', los diarios que el gobierno considera como "serviles a la oligarquía y a los intereses de la grandes corporaciones". El presidente de UCA, Fernando Blanco, convocó la reunión para reclamar a las cadenas de supermercados que vuelvan a publicar sus ofertas y promociones en la prensa, caso contrario "atentarían contra el derecho a la información que tienen los consumidores". Blanco advirtió a sus interlocutores que en caso de no restituir la publicidad se verían expuestos a una denuncia judicial, por incumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor. De hecho, el Tribunal Supremo y otras instancias inferiores, han emitido fallos no vinculantes contra el gobierno, por utilizar la publicidad como medio de presión contra la prensa independiente

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cortyesia elmundo.es