El importe medio del hurto es de 63 euros, según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Sin embargo, esta cantidad no supone ni siquiera un delito, así que poco se puede hacer de momento para resarcir el daño hecho a la compañía. El laxo Código Penal en esta materia establece claramente que el que sustrae bienes de otras personas, sin utilizar la fuerza ni la intimidación por un valor inferior a 400 euros, tan sólo comete una falta, por lo que saldrá de comisaría una vez prestada declaración -si le pillan, claro-.
Además de estos 1.200 millones de euros, las compañías gastan con la intención de protegerse de este tipo de problemas (sistemas antihurto, personal de vigilancia, actividades de concienciación para el personal, vitrinas de protección…) un 0,28% de su facturación anual, según Aecoc. La cuantía económica que les supone estas actuaciones a los supermercados y tiendas no queda ahí. Anualmente se registran en los supermercados españoles un total de 130.000 incidentes, de los cuales sólo se denuncian 18.000. Las empresas dedican al año 400.000 horas a gestionar este tipo de incidentes (ya sean denunciados o no). Este número de horas obviamente tiene un coste económico cuantificable.
La consecuencia de esta problemática supone una pérdida de eficiencia, de productividad y competitividad que se materializa en los balances de cada compañía. Un estudio de Civitas Crime sitúa a España en segunda posición detrás de Bélgica en tasa de robos por cada 100.000 habitantes de todo el mundo. Las empresas de distribución consideran que el código penal es demasiado indulgente en su tratamiento de los hurtos en los puntos de venta y, por ello, la reincidencia es uno de los principales problemas del sector.
cortesia libertaddigital,com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario