En sólo 48 horas, y luego de varios episodios protagonizados por el ministro Moreno -entre ellos nuevos ataques a periodistas, una indagatoria judicial y una querella penal por el cepo publicitario-, el Gobierno argentino decidió redoblar la apuesta en su avanzada contra el Grupo Clarín, confirmando que su plan de intervención sobre la compañía, lejos de estar sepultado, sigue avanzando en la burocracia estatal.
Ayer jueves, el secretario de Política Económica, Axel Kiciloff, designó al propio Guillermo Moreno para participar, en nombre del Estado, en todas las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales que desarrolle la compañía; además de habilitarlo como representante estatal en todas las acciones judiciales y administrativas que lleve adelante el Gobierno contra el Grupo Clarín. Y hoy viernes, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, resolvió, por su parte, declarar "la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos" de la asamblea anual del Grupo que tuvo lugar el pasado 25 de abril. Ambas decisiones son, claramente, parte de la misma estrategia. Los tres funcionarios involucrados irrumpieron sin previo aviso en dicha asamblea, con el inocultable fin de preparar el terreno para una acción administrativa posterior, en el marco de la polémica ley de mercado de capitales aprobada a instancias del kirchnerismo. Esto fue alertado en la misma asamblea por los representantes del Grupo Clarín.
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cortesia clarin.com.ar
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