El Consejo de Europa ha emitido hoy su informe periódico sobre lenguas minoritarias en el que pide a España más esfuerzos para garantizar el uso de dichas lenguas en el ámbito de la Justicia y las Administraciones Públicas. El organismo estima necesario hacer más para "promover y proteger" las lenguas de las minorías, también las no oficiales y apenas habladas, como el portugués en la extremeña localidad de Olivenza, el aranés o el bereber de la Ciudad Autónoma de Melilla. Desde el catalán de Cataluña y el de Islas Baleares, hasta el valenciano de Valencia, el euskera del País Vasco y el de Navarra o el gallego de Galicia, pasando por el aranés del Valle de Arán, donde, según el informe, el 57% es capaz de hablar la lengua, el 59% puede leerla y sólo el 35% puede escribirla.
Las lenguas que caen bajo la lupa vigilante de este organismo no comunitario con sede en Estrasburgo son variadas e incluyen también aquellas no reconocidas como oficiales, tales como el gallego de Castilla y León, el asturiano –hablado, según el Principado, por 250.000 personas-, el portugués en Olivenza, el bereber en la ciudad autónoma de Melilla y el árabe en la ciudad autónoma de Ceuta. Todas ellas son las lenguas que, desde Estrasburgo, se animan a "promover y proteger", por ejemplo, en León, "a través de medidas prácticas para facilitar el uso del leonés en la vida pública". Asegurar la presencia de estas lenguas en la sanidad y otros servicios públicos es, según el Consejo de Europa, la meta hacia la que debería dirigirse España. Para ello, la institución europea no comunitaria pide revisar, por ejemplo, el sistema de contratación en las administraciones públicas o modificar el marco legal para asegurarse de que las autoridades civiles, penales y administrativas pueden conducirse en las lenguas cooficiales. En noviembre de 1992, España pidió a, a través de la llamada Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias, que el Consejo velara por "el desarrollo de políticas lingüísticas" y elaborara para ello informes de "vigilancia" cada tres años. El informe de casi mil páginas publicado hoy, el tercero hasta ahora, ha sido redactado, según la propia institución, por "un grupo de expertos(...)" a partir de un viaje realizado del 8 al 10 de julio de 2011 en el que dichos expertos habrían recibido información de "organismos y asociaciones establecidas en España".
Durante el viaje, los expertos constataron el "uso caprichoso" de las lenguas minoritarias en las oficinas locales de las administraciones estatales, o que las páginas webs sólo estén traducidas en un primer nivel de navegación. En el ámbito judicial, lamentaron, además, que para que un juez consiga un trabajo en las regiones donde estas lenguas se hablen, el dominio de las mismas no sea un "requisito", sino más bien "un mérito".
Ejemplos delirantes:
Sobre el uso del vascuence en Navarra, los expertos toman nota de las quejas de los hablantes por la reducción del presupuesto del Euskarabidea (un instituto creado para proteger la lengua), que en 2011 vio sus fondos reducidos. Hoy, según el Consejo de Europa, de los 3 millones de euros, 1.7 son destinados a gastos de personal, algo que a los interlocutores de los expertos no les parece "significativo". El informe también dispara hacia Extremadura para analizar el uso del gallego, (el llamado galaico-extremeño, en el Valle del Jálima, en el noroeste de Cáceres) en su territorio. Aunque celebran que se hayan puesto señales de las calles bilingües y se hayan representado obras en gallego, inciden en que "todavía el uso del gallego por las autoridades locales es inexistente o accidental". Por eso, el comité de <expertos> aprovecha para recordar que "el reconocimiento de una lengua por ley no es suficiente para su promoción y protección" y recomienda tomar "medidas prácticas".
cortesia libertaddigital
