El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ya anunció el pasado 20 de septiembre que si se anulaba el ERE "no podría permitirse una televisión pública con casi 1.300 trabajadores". Este miércoles el propio presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, explicará ante los medios el cierre de la televisión y radio pública.
La deuda acumulada y asumida por el gobierno autonómico supera los 1.000 millones de euros. "Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento", asegura la Generalidad en el comunicado.
En esta complicada situación, se abrían dos caminos: el cierre de la empresa o el redimensionamiento de la misma, lo que se pretendía con la propuesta del ERE para un millar de trabajadores que ha sido tumbada este martes por el TSJCV. Pese a que el gobierno valenciano asegura en el comunicado que la voluntad siempre ha sido "mantener abierta RTVV", ha dejado caer en más de una ocasión su intención de cerrarla si no se alcanzaba un acuerdo en materia laboral.
cortesia libertaddigital.com
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