Este lunes 17, el Gobierno argentino ha notificado a Clarín que actuará "de oficio" para adaptar al grupo editor del diario a las exigencias de la Ley de Medios Audiovisuales, diseñada para acallar las críticas de la cabecera, inmersa en una dura batalla judicial contra la legislación. En virtud de esta legislación, se fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite. Para cumplir con ello, Clarín debería 'desprenderse' de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee 58,61 % de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica. Por ello, el diario juzga que esta ley no es más que una artimaña legal de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para "desguazar" al mayor grupo multimedia de Argentina. Tras muchas idas y vueltas judiciales, esta misma mañana la Ley de Medios ha sido reconocida como constitucional por el juez Horacio Alfonso, aunque el diario ha vuelto a apelar. No obstante, el proceso continúa, y el funcionario que se ha trasladado este lunes a la sede de Clarín ha informado que el siguiente paso es la tasación de sus propiedades, y después la subasta pública.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, anunció que "la ley de medios está totalmente vigente" frente a la sede de Clarín, adonde se acercó junto a una notaria "para notificar el inicio de la transferencia de oficio". En comparecencias previas, Martin Sabbatella explicó que Clarín es el único grupo mediático que no ha presentado un plan de 'desinversión voluntario'(...), tal y como exige la ley, por lo que la Afsca pretende licitar las licencias audiovisuales de Clarín que estén por encima del máximo legal permitido.
cortesia libertaddigital
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