El Consejo de Ministros obliga a la banca a realizar un esfuerzo adicional en provisiones inmobiliarias de unos 35.000 millones de euros, lo que puede llevar a pérdidas a varias entidades, que estarán abocadas a vender activos o fusionarse. Para los expertos consultados, el hecho de que la reforma haya coincidido con la nacionalización de BFA-Bankia, la entidad más problemática, revela la intención del Gobierno de lanzar un mensaje de confianza a los mercados, que hasta ahora han dudado sobre la fortaleza del sistema financiero español.
corteesia efe
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