La decisión del presidente, Juan Manuel Santos, de abrir "negociaciones de paz" con las FARC, tras un periodo de "contactos" secretos con la banda terrorista en Cuba y otros países (como él y un vocero de las FARC acaban de admitir públicamente), es el resultado de una acumulación de problemas irresueltos por parte del Gobierno. Ese anuncio sobreviene tras el desplome de la popularidad del jefe del Estado, y en medio de la crisis de seguridad que vive el país. El aspecto más visible de esa crisis, pero no el único, son los episodios recientes de terror continuado en cuatro departamentos del sur, el atentado en Bogotá contra el exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, la nueva ola de ataques a poblaciones y a infraestructuras eléctricas, y las asonadas indígenas del Cauca, que pretendían beneficiar a las FARC sacando a la fuerza pública de corredores estratégicos para la seguridad nacional. Para resumir, el plan de Santos de "dialogar" con las FARC no emerge en el mejor momento de su mandato, sino en una fase de declive en la que no se destaca el menor avance político, social o militar del Estado en su lucha histórica contra la subversión narco-comunista.
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